Julio 2015

Ingeniero en Gestión Pública, experticia en Gestión Política Estratégica, Seguridad y Defensa Nacional.

PROTECCIÓN DE NUESTRA CONSTITUCIÓN

En virtud de las intenciones del actual gobierno de cambiar o modificar nuestra Constitución, que dicho sea de paso nada definido se tiene al respecto, aparentemente solo la voluntad y la promesa electoral de cambiarla, me permitiré (con base argumentativa en el libro “Política y Fuerzas Armadas” de Adolfo Paul Latorre), exponer brevemente la importancia y significado de nuestra Carta Fundamental, la cual posee medidas de autoprotección para no caer en abusos ni populismos que puedan poner en peligro la tan preciada institucionalidad del país.

En primer lugar, debemos entender como algo básico -qué es la Constitución- y de esta manera darle el valor real a la discusión, no cayendo en ligerezas. Es así como en palabras simples, la Constitución es el conjunto de normas revestidas de una especial solemnidad, que regulan los principios básicos inspiradores de todo el ordenamiento jurídico y de la organización fundamental del Estado de Chile, considerando sus relaciones con el individuo y la sociedad. Este vital documento, establece los criterios inspiradores de todo el ordenamiento jurídico, por tanto es la ley de leyes o super ley, a la que todas las demás disposiciones jurídicas deben ser supeditadas y con la que deben guardar la necesaria armonía.

En lo referido a ser reguladora de la organización fundamental del Estado, se entiende que la Constitución fija las respectivas esferas de competencia y responsabilidad de las instituciones y órganos superiores de éste, atribuyendo funciones y distribuyendo poderes. Igualmente, la Constitución determina el puesto y significado de los individuos dentro del Estado, reconociendo y regulando los derechos y libertades fundamentales y su forma de protección, incluso frente a los posibles excesos de los poderes públicos.

Dicho lo anterior, debemos tener presente que la primera y más apremiante necesidad que debe atender toda Constitución que pretenda tener efectividad, es la de garantizar su propia existencia, su supervivencia frente a cualquier tipo de agresión. Efectivamente, es un hecho  de la realidad, que tanto el orden constitucional como su ámbito territorial o personal de aplicación, pueden ser objeto de ataques de naturaleza, magnitud y procedencia muy diversas, que exigen la previsión de medios o mecanismos de defensa  adecuados y legitimados.

En este sentido, estos ataques a los que me refiero, pueden venir de desequilibrios del orden establecido por extralimitaciones de los propios poderes legales y nuestra historia da fe de ello, donde por excesos del ejecutivo y del legislativo, el país fue llevado a situaciones muy graves, conflictivas y complejas de nuestro devenir como nación. El constitucionalismo moderno establece que la resolución a estos abusos recae en los órganos jurisdiccionales supremos, me refiero a los tribunales supremos, tribunales constitucionales o de garantías constitucionales (siempre y cuando no sufran de inacción por temor, corrupción u otras presiones). Por otra parte, esas ofensas también pueden tener su origen en conductas de los propios ciudadanos (las calles, los órganos de presión popular, las masas, la oclocracia), frente a las cuales el orden constitucional debe defenderse a través de múltiples medidas preventivas y represivas como ser, tipificación de delitos contra la Seguridad Interior del Estado o contra la Constitución y las correspondientes actuaciones policiales y judiciales.

Asimismo, en otras ocasiones la magnitud de la agresión puede ser tan fuerte que haga ineficaces o inútiles las medidas de contención jurídicas, como en los casos de agresión armada por parte de otros Estados al territorio o a la población o a la capacidad de tomar las propias decisiones políticas (ataque a la soberanía) o en agresiones internas (lucha de poderes partidistas, imposición de ideologías), que impidan el normal funcionamiento de los propios poderes públicos.

Ahora para afrontar estas últimas eventualidades, la Constitución en forma explícita, tiene previsto el recurso del uso de la fuerza y en concreto el uso de la fuerza de las armas.

Este recurso que se entiende como último y extremo en la salvaguarda del orden, institucionalidad y sobrevivencia de la nación, deben ser resguardadas con las correspondientes garantías que le vienen dadas por la pertinente declaración del o los estados de excepción constitucional que correspondan, me refiero a los estados de excepción de Asamblea (Guerra), Sitio, Emergencia y Catástrofe, con su respectiva instrumentalización efectiva, la cual desde la edad moderna, se viene encomendando a organizaciones permanentes de hombres y de medios, cuya razón de ser no es otra que la defensa con las armas de la comunidad, me refiero a las Fuerzas Armadas.