Noviembre 2016

Urgencia de una preocupación real por modernizar el Estado 

Realizar una adecuación de las funciones estatales a las nuevas expectativas y desafíos que plantea hoy en día la sociedad chilena, fundamentalmente en lo referido a la optimización de la gestión públicason exigencias ineludibles que debe tener todo gobierno. Es así como las áreas en las cuales se deben abordar las reformas son múltiples. 

En cada función pública es posible imaginar cómo se puede mejorar y optimizar la gestión del Estado con mayor eficiencia y eficacia. Esto no es nuevo como iniciativa, siempre ha existido la necesidad de mejorar, es así como en el año 2009 hubo un amplio y consensuado catastro de reformas realizado por el Consorcio para la reforma del Estado, con el propósito de optimizar lgestión Estatal… pero como estamos en Chile ahí quedó todo, por tanto, más que diagnósticos y propuestas, lo que hace falta es reponer los acuerdos políticos y el sentido de urgencia para realmente concretar dichas propuestas. 

Una de ellas, es la creación de un Organismo de Calidad de las Políticas Públicas, que mida la efectiva realización e impacto de las políticas y programas públicos que impulsa el Estado a través de los Gobiernos de turno. Aparentemente lo difícil ha sido instalar en el Estado la práctica de medir los resultados por una agencia u organismo de evaluación, se necesitaría de un nuevo marco legal que imponga obligaciones metodológicas a todo programa y política, de modo de facilitar la medición posterior del impacto. Para esto es imprescindible que dicho organismo sea autónomo de cada gobierno, puesto que sólo así sus fiscalizaciones tendrán la autoridad transversal necesaria para obtener información validada por todos y que por ello facilite la toma de decisiones acerca de la conveniencia de continuar, modificar o eliminar programas o políticas. 

Al respecto, toda política pública debiera recorrer un ciclo vital que se inicia con la discusión y elaboración de fundamentos relativos a su mérito y a los objetivos que persigue. Luego procede su aprobación en las instancias correspondientes, en particular en el Congreso, si supone gasto o es materia de ley y en tercer lugar corresponderá su ejecución. En seguida y esto es lo importante, hay que evaluar con rigor metodológico, el impacto  de la ejecución de la política, contrastándolo con los objetivos declarados en las fases iniciales, que fueron el fundamento y motivo de su aprobación y de la correspondiente asignación de recursos. Finalmente, el ciclo virtuoso de las políticas públicas debiese utilizar las conclusiones de la evaluación de impacto para resolver sobre la eficiencia, eficacia y oportunidad de la política o programa implementado. 

Pero la realidad de este deber ser del procedimiento expuesto, en particular su debate acerca del mérito de las políticas, suele basarse más en especulaciones prospectivas que en la evidencia. Se discute mucho antes de aprobar un nuevo programa o política, pero una vez que entra en ejecución su continuidad parece depender más de la inercia o de los intereses de sus beneficiarios o ejecutantes, que de una evaluación rigurosa de su impacto efectivo. Pero cuando el gasto público por ejemplo en Chile superó los 65.000 millones de dólares, pasando del 18,7% del PIB en 2006 al 23,6% en 2012, se hace evidente y creciente la importancia de medir el impacto de lo que hacemos para velar por su eficiencia. 

Otro punto relevante como propuesta, es la modernización de las relaciones laborales en el aparato EstatalLa realidad es que trabajadores de planta y a contrata, sirven indistintamente cargos similares. La preeminencia creciente de la modalidad contrata, irrita a los gremios del sector público (asociaciones de funcionarios) y paradójicamenteha hecho de la precariedad y la desprotecciónla regla general de contratación pública; sin indemnización por despido, derecho al subsidio de desempleo, negociación colectiva y huelga, este régimen de contratación trata a sus trabajadores de un modo que seria inaceptable si el empleador fuera privado. Un Estado moderno no puede prolongar situaciones tan resistidas por los empleados como injustificable desde una perspectiva conceptual. No hay capacitación, gestión del talento, carrera funcionaria ni desarrollo de una cultura de servicio público bajo la amenaza permanente de que, sin expresión de causa, simplemente no se renueve la contrata, lo que en la práctica se informa al 30 de noviembre de cada año. 

La propuesta es transitar desde la dualidad extrema planta-contrata, hacia un régimen general de contratación administrativa con mayores derechos para los funcionarios. En definitiva, se propone una forma de contratación administrativa indefinida con una protección en caso de despido similar a la que la ley ofrece al resto de los trabajadores bajo contrato indefinido, es decir, indemnización por años de servicio, con tope y cobertura del subsidio de desempleo. 

En materia de negociación colectiva y huelgatendría dos niveles, el primero de alcance general, es similar al que de facto hoy desarrollan los gremios públicos, es decir los paros y las movilizaciones de las asociaciones de funcionariosPero esa negociación debe tener parámetros objetivos definidos por ley, que indexen los reajusten posibles a aumentos de productividad, inflación y/o evolución de los ingresos fiscales. Una segunda negociación, acotada al cumplimiento de metas de desempeño, debiese desarrollarse en cada organismo o ministerio. 

En caso de que la negociación no concluya en acuerdo, la huelga podrá declararse en aquellos servicios y cargos, declarados por ley como no esenciales (no estratégicos para el país, en todos los aspectos relacionados con el crecimiento, desarrollo y de seguridad nacional). La ley debiera establecer tácitamenteaquellas situaciones en que por la naturaleza del servicio la huelga sea del todo improcedente, existiendo en todo caso un arbitraje forzoso para resolver. 

La regulación de la huelga supone reconocer e intentar encauzar una realidad de facto hoy en día en nuestro país. En Chile se negocia y se va a huelga al margen de la ley. Y si bien el predominio observado de los hechos sobre el derecho puede reducir la efectividad de toda propuesta de ley en la materia, siempre es más viable la aplicación de una legislación que reconoce la realidad de las cosas que aquella que la niega. Las normas percibidas como justas y razonables tienden a cumplirse más y por lo mismose hace más legitimo imponer sanciones por su incumplimiento. 

Resumiendo estas propuestas, entre otras emanadas de las “95 propuestas para un Chile mejor del Grupo Res Pública Chile ”todo lleva necesariamente a reformar el actual régimen, donde se incluyan los beneficios del Código del Trabajo, como los seguros de desempleo, indemnizaciones y regulaciones propias del derecho laboral colectivo. En esta área, se propone adecuar la norma a la realidad del servicio público, sincerando y regulando la negociación colectiva y la huelga, preservando de todas formas  la continuidad de servicios esenciales y contemplando, en ciertos casos, el arbitraje obligatorio. En este sentido, claro está que un Estado moderno requiere personal calificado, motivado y expuesto a capacitación continua. El régimen laboral de los empleados públicos debe equilibrar, por un lado, la flexibilidad necesaria para ajustar la dotación y las calificaciones del personal a las necesidades del servicio público y por otro, la protección frente a formas de clientelismo que arriesguen transformar la plantilla del Estado en botín político. 

¿Algún Gobierno que se precie de tal, tomará de una vez por toda en cuenta las reales necesidades del sector públicoimplementando éstas y otras propuestas, las cuales llevan años en los cajones del aparataje burocrático gubernamental?.