Enero 2017

CRISIS POLITICA Y DE REPRESENTATIVIDAD EN CHILE

Aunque en estos tiempos resulte difícil de creer, las instituciones públicas chilenas poseen evaluaciones positivas en las comparaciones internacionales. Pese a la crisis que se vive hoy en día en lo referido a lo político-institucional, la estabilidad política y el manejo económico son, en general, apreciados positivamente por el mundo y en particular en la región. Chile es considerado un país serio y confiable. Paradójicamente, la visión que el mundo tiene de Chile, es mejor que la que los chilenos tenemos de nosotros y de nuestras instituciones. Aunque un alto porcentaje de la crisis institucional puede explicarse por esa predisposición, aparentemente idiosincrática de cuestionar “al otro” y a “lo colectivo”, no podemos cerrar los ojos a síntomas preocupantes de fatiga institucional.

La política no puede funcionar arrastrando desconfianzas y valoraciones tan negativas de los ciudadanos hacia las personas e instituciones que nos representan. La desafección ciudadana, expresada en la abstención electoral y la baja identificación con partidos y coaliciones, contrasta con la situación, aparentemente saludable, de muchas instituciones públicas chilenas.

Hoy en día muy pocos creen en los partidos, será menos del 6% de la población que realmente es adherente con alguno. El Congreso y sus parlamentarios sucumben en niveles paupérrimos de aprobación, lo que hace que nada bueno se vaticine. Pese a la apariencia de un sistema de partidos estable y de elevada continuidad en los resultados electorales de las coaliciones y colectividades políticas, crece el desarraigo social de las entidades que deben representarnos.

Nuestro país en promedio, cada cuarenta años se ha visto remecido por crisis políticas de magnitud, sería inexcusable desdeñar las preocupantes señales de descrédito de nuestras instituciones políticas. Por lo mismo, evaluar reformas de fondo para reforzar la calidad de la política parece prioritario.

Por otra parte, La Calle, Las Redes Sociales y la Judicialización han sido parte del descrédito de las instituciones, en particular en la incidencia en la toma de decisiones públicas. En los últimos años hemos visto el renacer de movimientos sociales asociados a demandas de estudiantes, pensiones, grupos étnicos, movimientos regionales y opositores a grandes proyectos, por ejemplo los proyectos mineros y de generación eléctrica, entre otros. Tales manifestaciones constituyen, en sus versiones pacíficas, el ejercicio legítimo de un derecho y sobre todo revelan la búsqueda de caminos alternativos a los institucionales, que más de una vez han mostrado ser más eficaces.

Asimismo, las marchas de los movimientos estudiantiles, anti AFP y otras manifestaciones de la calle, llegaron para quedarse, sin embargo, ¡cuidado!, los movimientos sociales no siempre tienen la razón, por populares que sean las demandas de los grupos de presión, constituyen poderes fácticos que muchas veces reflejan sus propios intereses más que los del país y propician atajos institucionales riesgosos. Allí siempre prevalecerá el más fuerte, populista y vociferante, pero rara vez los más débiles o necesitados.

Otra forma diferente de expresión, pero conceptualmente similar a las ya vistas y que  demuestran la incapacidad institucional de canalizar y procesar controversias e intereses contrapuestos, es la creciente judicialización de temas esencialmente técnicos o políticos. Por ejemplo, la decisión de si una planta de generación eléctrica o un proyecto minero se puede realizar, depende menos de la calificación de los organismos técnicos especializados sobre su sujeción a las normas legales ambientales, que de lo que resuelvan los jueces en el marco de un recurso de protección que, por diseño, ofrece escaso margen para un análisis detallado de las complejas materias involucradas.

Una irrupción jurisdiccional similar, se ha observado en el caso de los congelamientos judiciales de los aumentos de precios de los planes de salud de las Isapres.  La mirada de un juez, circunscrita a un caso concreto, contrasta con la visión global que caracteriza a la política  y a la visión técnica de los expertos. Es por ello que es un inconveniente que la política ambiental, energética o de salud previsional termine en los hechos, configurándose en una sumatoria de múltiples sentencias individuales.

Estos modos alternativos de hacer política, se manifiestan con distinta intensidad en casi toda la sociedad moderna. Sin embargo, no se puede soslayar el riesgo que reviste derivar a la calle, a los lobbistas o a los jueces lo que las instancias técnicas o las instituciones políticas debiesen resolver. Más que resignarnos a una suerte de abdicación de las funciones propias de la política, nos convoca impulsar la recuperación de sus competencias, de su legitimidad y su prestigio, pues son necesarios para ejercerlas con autoridad social.

No menos importante en este escenario, está el desequilibrio entre derechos y deberes. En el contexto de las manifestaciones y del empoderamiento de ciertos grupos se advierte un desequilibrio riesgoso e insostenible en el tiempo; la creciente conciencia del ejercicio de los derechos y la muy insuficiente aceptación de los deberes. La sumisión de carácter, si alguna vez existió, ha ido quedando atrás a gran velocidad en Chile, lo que es sano y necesario por varios motivos. Desde luego, solo ciudadanos conscientes de sus derechos se manifiestan en favor de sus intereses particulares o del bien común, con lo que contribuyen a que la democracia sea más vital y ciudadana.

Solo consumidores diligentes, conscientes de sus derechos, tienen la aptitud para disciplinar la oferta de bienes y servicios y forzar, en competencia vibrante, la búsqueda permanente de las mejores relaciones de precio y calidad. Clientes exigentes propician mercados eficientes, del mismo modo que usuarios y ciudadanos exigentes de servicios públicos impulsan la transparencia y la modernización del Estado.

Sin embargo, la demanda por derechos no siempre se acompaña de una simétrica aceptación de los deberes  cívicos. La crítica a la política se combina con una creciente abstención electoral. En las manifestaciones de estudiantes y de movimientos regionales participan minorías violentistas y destructoras de bienes públicos y privados, cuya actuación no siempre es repudiada por las mayorías que se manifiestan pacíficamente o por la ciudadanía en general. La defensa del medio ambiente, enarbolada crecientemente como razón para oponerse a grandes proyectos industriales,  no ha logrado permear cambios significativos en conductas individuales o colectivas en lo relativo por ejemplo, al compromiso con el reciclaje y la reducción de la basura.  Otros deberes sociales como voluntariado, el cuidado de los espacios comunes, las donaciones y diversas formas de construcción de capital social, se mueven a paso más lento que la exigencia de los derechos propios.

No parece sustentable una sociedad que exige derechos y elude deberes. Ello plantea un reto mayor para las políticas públicas y para la cultura de Chile; como fortalecer el civismo y cultivar el ejercicio de nuestras obligaciones cívicas en escuelas, trabajos, estadios y espacios públicos.

Estimado lector, podrá concordar conmigo en que el tiempo apremia, el gobierno de turno, aunque ya es difícil, mejor dicho el futuro gobierno, deberá con urgencia hacerse cargo de las demandas políticas, económicas y sociales. Claramente que no todo podrá ser abordado con igual intensidad y en los mismos plazos (el prometer hacerlo todo, como ha ocurrido, es caer en el populismo y la demagogia), pero la hoja de ruta de una política virtuosa, no puede soslayar el tratamiento sistemático, urgente y secuencial de reformas en todos los ámbitos de la demanda nacional (priorizando y realizando reformas serias y no a la ligera y con personal incapaz como ha ocurrido en estos últimos años). Resulta impostergable, proponer, debatir y poner en marcha, reformas reales y sustentables que hagan de Chile un país más justo, seguro y desarrollado, aun sabiendo que las cosa bien hechas, rendirán sus frutos en el mediano y largo plazo.