Diciembre 2017

VULNERABILIDADES DEL PAIS… QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD NACIONAL

La idea fuerza es dar a conocer ciertos conceptos relacionados con la Seguridad, fundamentalmente extraídos de los lineamientos de lo planteado a la fecha en materia de estrategia de seguridad y defensa, sin ser abordados como política, pese a su vital importancia para el país.

Chile necesariamente debe mejorar las condiciones que aún lo hacen vulnerable, y por tanto más susceptible a sufrir los efectos de los riesgos y amenazas a su seguridad o a crear las condiciones para aumentar su probabilidad de ocurrencia. Por su naturaleza, las vulnerabilidades que se han identificado no se enfrentan con políticas de seguridad, sino normalmente con políticas públicas de otro tipo y carácter. Además, dada su complejidad y magnitud, ellas exigen un esfuerzo de continuidad en el tiempo.

Así entonces, por ser evidentes, las principales vulnerabilidades que inciden en la seguridad de Chile, son:

1. Vulnerabilidad Energética

Estaremos de acuerdo en que a medida que el país crece, requiere mayor energía, la que debe caracterizarse por costos competitivos, ser sustentable y de sobre manera segura. El desafío de Chile es contar con recursos energéticos suficientes para apoyar su desarrollo, la energía es un insumo esencial para la sociedad. Su disponibilidad y abastecimiento confiable influyen directamente en el crecimiento social y económico. La falta de fuentes propias y redes de energía seguras constituye una limitación para el progreso sostenible, para el crecimiento económico y para el bienestar de las personas.

Chile es un país expuesto en materia de energía. Su matriz energética depende mayoritariamente de recursos naturales, de los cuales el 70% proviene del exterior. Las termoeléctricas, dependiendo del régimen de lluvias anual, en un año seco pueden llegar a representar hasta el 65% de la generación. El sistema es de baja diversificación y no aprovecha suficientemente los recursos naturales renovables locales. La infraestructura de acopio y procesamiento de combustible importado tiene elevada concentración geográfica. Por otra parte, la dependencia del transporte terrestre para alcanzar los puntos del consumo y abastecer zonas geográficas extremas del país es muy alta y no se cuenta con capacidad de almacenamiento para enfrentar periodos de carestía.

Chile también es sensible a la estabilidad en las fuentes de producción y la seguridad de las rutas internacionales por donde se transportan esos combustibles. Conflictos internos o externos o eventos que perturben gravemente su producción y disponibilidad influyen en el desarrollo y la prosperidad del país. De no superarse estas vulnerabilidades en un plazo razonable, junto con incidir directamente en la posibilidad de ser un país desarrollado durante la próxima década, perjudicará la competitividad de Chile, de la cual es altamente dependiente y generará un importante problema des seguridad en su amplio sentido, pudiendo convertirse en una amenaza. El país no debe limitar esfuerzos ni alternativas que conduzcan a su solución.

En resumen, la vulnerabilidad energética del país debe enfrentarse a través del reforzamiento de las siguientes líneas de trabajo en materia de seguridad energética:

 Las reservas de seguridad para hidrocarburos… petróleo, gas y otros derivados de los hidrocarburos… de modo que permitan, a las diferentes regiones, enfrentar en forma autónoma situaciones de carestía por a lo menos 90 días.

 El desarrollo de recursos energéticos propios con la finalidad de incrementar la independencia en materia energética y transformar de ese modo la matriz nacional.

 La integración energética regional, considerando en su diseño una estrategia para la garantía y seguridad del abastecimiento.

2. Desigualdad Social

Chile, no obstante su progreso económico y la reducción de la pobreza que han tenido lugar en las últimas décadas, sigue presentando niveles importantes de desigualdad. Chile se mantiene como el país más desigualdad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según los reportes del organismo mundial, el país obtuvo un 0,465 en el índice de GINI, herramienta que mide la brecha entre los ingresos de los hogares más ricos y de los más pobres en un rango de 0 a 1.

Este es un factor presente en la agenda pública nacional. Sus efectos se traducen en una creciente inquietud de grupos sociales que se perciben como desfavorecidos económica, política, social y culturalmente, en virtud de dificultades y limitaciones a la igualdad de oportunidades. El Estado, asumiendo que la disminución de las desigualdades es objetivamente una tarea de largo plazo, debe desplegar iniciativas a fin de morigerarlas, afianzando así la gobernabilidad política y la estabilidad social.

3. Población Insuficiente y mal distribuida

Chile, con una densidad poblacional promedio de 25 hab/km2, se sitúa en el lugar 157 del mundo. Además los flujos migratorios internos han desembocado en una concentración de población en zonas urbanas, particularmente de la región central del país. La desequilibrada distribución de la población significa que áreas del territorio chileno, especialmente en los extremos norte y austral, presentan una densidad poblacional inferior a 6 hab/km2, muy por debajo del promedio nacional. Las proyecciones demográficas no varían estas cifras e incluso, en determinadas zonas, las disminuyen.

Los desequilibrios generados constituyen vulnerabilidades frente a un amplio espectro de fenómenos, desde presiones demográficas hasta penetración de organizaciones transnacionales para impulsar agendas de su interés o, en el caso de organizaciones criminales, disponer de espacios propicios para sus actividades ilícitas.

La condición de país seguro exige enfrentar la insuficiencia poblacional y los desequilibrios de distribución con políticas migratorias que aseguren una ocupación balanceada de todo el territorio, especialmente de sus zonas extremas.

 4. Restringida Visión Geopolítica de la integración territorial

Algunas áreas territoriales del país presentan problemas de conectividad física y de integración social. Esto se traduce en dificultades para que ellas reciban todos los beneficios del desarrollo o se incorporen plenamente a la actividad productiva nacional.

Superar esta restringida visión sobre esas áreas supone disponer de una adecuada política de conectividad y de incentivos para su desarrollo económico, así como de una más vigorosa presencia del Estado y sus servicios. Esto contribuirá positivamente a aumentar los niveles de seguridad del país.

Para enfrentar estos desafíos de seguridad que interfieren con el pleno desarrollo del país y con sus intereses, la respuesta nacional debe articularse en torno a tres ejes: responder de forma integral, asumir la seguridad como una tarea de todos y favorecer una respuesta cooperativa.

En la “respuesta integral”, la amplitud de los problemas de seguridad, las múltiples interacciones que existen entre ellos, su evolución durante los próximos años y el diseño, implementación y control de las políticas  públicas para enfrentarlos, requieren una respuesta integral. Esto supone perfeccionar la coordinación entre ministerios, pues la mayoría de ellos están involucrados de alguna manera en las tareas se seguridad del Estado.

Con ese propósito, se han identificado tareas nacionales de seguridad, en cuyo cumplimiento deben converger distintos sectores del Estado y actores privados. Para los efectos de coordinar el esfuerzo nacional que supone impulsar esta estrategia y cumplir sus tareas, se propone implementar una estructura institucional que garantice la articulación de la gestión y seguimiento que implica una concepción integral de la seguridad.

Asimismo, debe fortalecerse el sistema de Inteligencia nacional con el fin de potenciar su habilidad para anticiparse a la configuración de escenarios adversos, elemento indispensable para articular la respuesta nacional con un enfoque integral.

En materia de “respuesta participativa”, es esencial para garantizar la seguridad y defensa de Chile, que la seguridad del país se entienda como una responsabilidad compartida por la sociedad y el Estado. Esto supone una estrecha vinculación entre el sector público y el sector privado, así como de participación ciudadana. Con este propósito, se crearán instancias que permitan canalizar esas contribuciones en materias específicas de seguridad.

Y finalmente, en lo concerniente a una “respuesta cooperativa”, las definiciones adoptadas respecto de los intereses de seguridad de Chile en el mundo, se apoyarán las acciones que apunten al fortalecimiento de las medidas, mecanismos y órganos de cooperación multilateral y bilateral. La cooperación internacional se concibe como un imperativo de la respuesta nacional en el ámbito de la seguridad, con el respaldo de los principios del derecho internacional, especialmente la vigencia y respeto de los tratados.

Así entonces podemos resumir que se entiende a la seguridad de manera amplia y se enfrenta de modo multisectorial, lo cual supone considerar:

1.  Coordinación de los organismos del Estado.

Se promoverá una relación del trabajo, afín a una concepción matricial o en red, donde existan claros protocolos para la acción. Estos protocolos deberán definir flujos de información, reglas de operación y procesos o rutinas a cumplir.

2.  Complementariedad en el uso de las capacidades.

La acción eficaz en seguridad supone complementar competencias institucionales diferenciadas, capacidades específicas y medios característicos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad y otros organismos del Estado con funciones en este ámbito. Este criterio de complementariedad es fundamental para diseñar proyectos de inversión y asignar recursos, así como para evitar la subutilización de capacidades y la duplicidad de medios.

 3. Ciclos integrales para la respuesta a los problemas de seguridad.

Las políticas sectoriales abordarán la solución a los problemas de seguridad mediante medidas de prevención, anticipación, alerta, reacción y mitigación o reparación. Se hará énfasis en la prevención y anticipación, esto implica una planificación que reduzca la incertidumbre, evite la improvisación y establezca liderazgos en todos los niveles de la  administración. Por lo mismo, se potenciará la capacidad del Estado para adelantarse a la configuración de los escenarios de seguridad futuros.

Complementariamente, se fortalecerán las capacidades que permitan a la sociedad y al Estado resistir ante amenazas y desafíos que puedan presentarse, así como prevalecer y recuperarse de sus efectos cuando se presenten. Para esto, se requiere disponer de medios e instituciones resilientes, flexibles y adaptables.