Marzo 2018

LA PRESIÓN DE LAS “CALLES” - DEBERES V/S DERECHOS

No puede extrañar, que el actual descrédito de las instituciones coincida con la emergencia de formas alternativas de incidir en la toma de decisiones públicas. En los últimos años hemos visto el renacer de movimientos sociales asociados a demandas de estudiantes, grupos étnicos, demandas  en viviendas, movimientos de AFP y opositores a grandes proyectos mineros, eléctricos, etc. Tales manifestaciones constituyen, en sus versiones pacíficas, el ejercicio legítimo de un derecho, y sobre todo revelan la búsqueda de caminos alternativos a los medios institucionales que más de una vez se mostraron más eficaces.

Por ejemplo, en los casos de Barrancones, Freirina, Aysén, entre tantos que existen en esta área como en otras, se evidencia la “calle”, sin embargo, muchos movimientos sociales no siempre tienen la razón. Por populares que sean las demandas de los grupos de presión, constituyen poderes fácticos que muchas veces reflejan sus propios intereses más que los del país y propician atajos institucionales riesgosos. Allí siempre prevalecerá el más fuerte y vociferante, pero rara vez los más débiles o necesitados.

El lobby por su parte, mucho menos abierto y explícito que las manifestaciones públicas, se revela también como una modalidad anómala de buscar influir en las decisiones públicas, de manera que, por definición, favorece a los más poderosos y rara vez coincide con el bien común. Más aun, muchas veces la legitimidad de las manifestaciones se funda en la necesidad de contrarrestar la opaca influencia del lobby.

Una expresión formalmente distinta, pero conceptualmente similar de la capacidad institucional de canalizar y procesar controversias e intereses contrapuestos, es la creciente judicialización de temas esencialmente técnicos y políticos. La decisión por ejemplo acerca de si una planta de generación eléctrica o de un proyecto minero se pueda realizar, depende menos de la calificación de los organismos técnicos especializados sobre su sujeción a las normas legales ambientales, que de lo que resuelvan los jueces en el marco de un recurso de protección que, por diseño, ofrece escaso margen para un análisis detallado de las complejas materias involucradas. Una irrupción jurisdiccional similar, se ha observado en el caso de los congelamientos judiciales de los aumentos de precios en los planes de salud de las Isapres. La mirada de un juez, circunscrita a un caso concreto, contrasta con la visión global que caracteriza a la política y a la visión técnica de los expertos. Por ello, casi siempre será inconveniente que la política ambiental, energética o de salud previsional termine en los hechos, configurándose por la agregación de múltiples sentencias individuales.

Es cierto que estos “modos alternativos de hacer política” se manifiestan con distinta intensidad en casi toda la sociedad moderna. Sin embargo, no se puede soslayar el riesgo que reviste derivar a la calle, a los lobistas o a los jueces, lo que las instancias técnicas o las instituciones políticas debiesen resolver. Más que resignarnos a una suerte de abdicación de las funciones propias de la política, nos convoca impulsar la recuperación de sus competencias, de su legitimidad y su prestigio, pues son necesarios para ejercerlas con autoridad social.

Derivado de lo expuesto, aparece en el escenario, el desequilibrio entre los derechos y deberes de las personas y de la sociedad en sí. En el contexto de las manifestaciones y del empoderamiento de ciertos grupos, se advierte un desequilibrio riesgoso e insostenible en el tiempo; la creciente conciencia del ejercicio de los derechos y la muy insuficiente aceptación de los deberes.

La sumisión de carácter, si alguna vez existió, ha ido quedando atrás a gran velocidad en Chile, lo que es sano y necesario por varios motivos. Desde luego, solo ciudadanos conscientes de sus derechos se manifiestan en favor de sus intereses particulares o del bien común, con lo que contribuyen a que la democracia sea más vital y ciudadana. Solo consumidores diligentes, conscientes de sus derechos y capaces de votar tienen la aptitud para disciplinar la oferta de bienes y servicios y forzar, en competencia vibrante, la búsqueda permanente de las mejores relaciones de precio y calidad. Clientes exigentes propician mercados eficientes, del mismo modo que usuarios y ciudadanos exigentes de eficiencia y eficacia de los servicios públicos, impulsan la transparencia y la modernización del Estado.

Sin embargo, la demanda de derechos no siempre se acompaña de una simétrica aceptación de los deberes cívicos. La crítica a la política se combina con una creciente abstención electoral. En las manifestaciones de estudiantes y de movimientos regionales participan minorías violentistas y destructoras de bienes públicos y privados, cuya actuación no siempre es repudiada por las mayorías que se manifiestan pacíficamente o por la ciudadanía en general. La defensa del medio ambiente, enarbolada crecientemente como razón para oponerse a grandes proyectos industriales, no ha logrado permear cambios significativos en conductas individuales o colectivas en lo relativo al compromiso, por ejemplo, con el reciclaje y la reducción de la basura. Otros deberes sociales como el voluntariado, el cuidado de los espacios comunes, las donaciones y diversas formas de construcción de capital social, se mueven a paso más lento que la exigencia de los derechos propios.

No parece sustentable una sociedad que exige derechos y elude deberes. Ello plantea un reto mayor para las políticas públicas y para la cultura de Chile y este es, cómo fortalecer el civismo y cultivar el ejercicio de nuestras obligaciones cívicas en escuelas, trabajos y espacios públicos en general.