Julio 2018

PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

No puede negarse que la palabra política encierra particulares dificultades cuando se trata de aplicarla al ámbito militar. Al respecto, surgen preguntas tales como las siguientes: ¿Cuál es la relación entre Política y Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la participación política que les compete? ¿Cuáles son las razones que exigen que ellas, en tanto cuerpos armados, cuanto sus miembros considerados individualmente, deban abstenerse de tomar partido en la lucha política contingente? ¿Cuáles son los derechos políticos que pueden ejercer los militares?

Para la comprensión de esta materia, es preciso hacer unas breves consideraciones preliminares de carácter general, especialmente en lo que dice relación con el ejercicio por los militares de los derechos fundamentales de la persona.

En primer lugar, no debemos olvidar que los llamados derechos y libertades fundamentales proceden de la dignidad básica de la persona humana. Esta dignidad corresponde a toda persona por el mero hecho de serlo, con independencia de la situación en que pueda hallarse o de las cualidades que posea.

En segundo lugar, conviene recordar que el ejercicio de los derechos, aunque se trate de derechos fundamentales, no tiene carácter absoluto e ilimitado, y que, cuando menos, en aras del bien común, el orden público o la paz social, tiene las fronteras que le marcan el respeto a la ley y a los derechos de los demás. En efecto, nadie puede ser privado de la titularidad de derechos y libertades fundamentales, pero en ocasiones el ejercicio de los mismos puede ser suspendido temporalmente, restringido o condicionado por aquellos imperativos superiores.

Una tercera consideración, importante de tener presente, es que éstas restricciones pueden afectar genéricamente a todos y más específicamente a determinados grupos y entre éstos a aquellos que presentan una especial relación de sujeción con el Estado, como es el caso de los funcionarios públicos y de modo muy singular a aquellos cuya función esta relacionada con el cumplimiento de la ley, entre los que tenemos a jueces, policías y militares.

La participación de los militares en la vida política del país es un derecho inalienable, puesto que los miembros de las Fuerzas Armadas están dotados de derechos ciudadanos que les permiten tomar parte activa en aquellos ámbitos del quehacer político y social considerados en la Constitución. Dicha participación sólo se ve restringida por ciertas normas legales y reglamentarias, tendientes a mantener la unidad y la disciplina, y el buen funcionamiento de las instituciones militares.

De aquí que los militares estén sujetos a normas especiales, restricciones o prohibiciones en cuanto al ejercicio de ciertos derechos y libertades. En relación a esto último, es interesante hacer unos breves alcances respecto al derecho de sufragio y a la libertad de expresión.

En cuanto al derecho de sufragio, está comúnmente reconocido en los ordenamientos democráticos, el derecho de todo ciudadano a votar en elecciones periódicas y realizadas por sufragio universal, sin exigirse otros requisitos generales que el de edad y el de hacerlo en la circunscripción electoral que corresponda. Aunque en determinadas circunstancias históricas se privó del derecho de votar a los militares, hoy, ciertamente, es difícil encontrar justificaciones para restringirles el ejercicio de este derecho, siempre que se garantice que la pugna electoral quede al margen de la vida castrense. Se admite generalmente que los militares, cualquiera que sea su procedencia y grado, pueden ejercer el derecho de voto en iguales condiciones que sus conciudadanos.

Al respecto, el profesor Francisco Cumplido expresó “La comunidad política tiene que integrarse por los titulares de derechos políticos y en tal sentido, todos deben tenerlos, excepto aquellos que no pueden expresarse libre y reflexiblemente. La marginalidad de tipo político conduce a sustentar o aceptar sistemas al margen de la institucionalidad jurídica”.

Las Fuerzas Armadas deben tener, también, derechos políticos. Los mecanismos para excluir la actividad política en los cuarteles son aquellos que pueden prohibir la propaganda política. Pero de allí a consagrar la marginalidad política, hay un paso muy grande.

En materia de libertad de expresión, ésta comprende fundamentalmente la facultad de manifestar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de comunicación, así como la de recibir o entregar información sin injerencia de autoridad pública alguna. El derecho a la libertad de expresión se halla sujeto por su propia naturaleza, a múltiples limitaciones; muchas de ellas impuestas por las necesidades de la defensa nacional, que afecten a la generalidad de los ciudadanos y de modo muy especial a los miembros de las Fuerzas Armadas.

No es difícil comprender que el ejercicio de esta libertad, por los militares, deba restringirse en aras de la adecuada protección de aquellos principios básicos de la institución armada y de su posición en los regímenes democráticos.

Efectivamente, el militar se halla sujeto a rigurosa disciplina y debe evitar toda expresión que pueda socavarla; ha de ser obediente respecto a sus superiores y fiel a sus camaradas, eludiendo toda manifestación irrespetuosa o descortés. Por la naturaleza de su misión, los militares han de observar secreto y discreción en múltiples ocasiones, han de ser leales al sistema político y a las autoridades legítimamente constituidas y han de mostrarse estrictamente neutrales en la pugna entre las distintas opciones partidistas.

Todo ello, en conjunto, ha motivado que se halle muy difundida la idea de que los militares deben abstenerse de manifestar públicamente todo aquello que pueda desagradar al Gobierno, al mando o a sus camaradas y que, de no hacerlo así, se corre el riesgo de ser fulminantemente destituido, si se goza de un cargo de confianza, o de ser inexorablemente sancionado.

Finalmente, ante tal cumulo de limitaciones, es lógico que se planteen algunas interrogantes. ¿pueden los militares opinar o expresarse públicamente sobre temas militares? ¿Qué alcance tienen estas limitaciones? ¿En qué medida el militar a quien sus ordenanzas estimulan a manifestar sus ideas, a transmitir los valores patrióticos y castrenses a sus conciudadanos, a desarrollar su capacidad critica y a hablar de su profesión, pueden hacerlo con seguridad y confianza y sin riesgo de incurrir en una infracción?

Con el animo de contribuir a arrojar algo de luz para aclarar estas interrogantes y basado en las premisas de Pablo Casado, se dan a conocer algunos criterios interpretativos:

a) Como toda norma jurídica limitativa del ejercicio de un derecho, debe ser interpretada restrictivamente.

b) Siempre que las cuestiones sean tratadas con rigor científico, doctrinal o profesional, son licitas las discrepancias, que, por sí solas, no deben entenderse como irrespetuosas, desleales o disolventes.

c) No se vulnera el deber de discreción por tratar de hechos o datos que han sido ya previamente difundidos o cuando se utilizan los mismos con carácter hipotético, al exponer una idea o un pensamiento o al sustentar una tesis.

d) No se viola la neutralidad o imparcialidad política por abordar temas que forman parte de los programas o proyectos de las distintas opciones, en tanto ello no suponga una clara adhesión o repulsa, en bloque, de un determinado partido o grupo.

e) Salvo evidente prueba en contrario, las manifestaciones públicas de un militar, al igual que lo hacen otros profesionales, no deben ser consideradas como hechas en representación de la colectividad castrense.