Enero 2020

¿CAMBIO DE LA CONSTITUCION? 

UNA VISIÓN DE LA IMPORTANCIA DE ESTA LEY DE LEYES

 

Entendemos por Constitución aquella norma o conjunto de normas, revestidas de una especial solemnidad, que regulan los principios básicos inspiradores de todo el ordenamiento jurídico y de la organización fundamental de un Estado, considerado tanto en sí mismo como en sus relaciones con el individuo y la sociedad.

Hay que comprender que la Constitución establece los criterios inspiradores de todo el ordenamiento jurídico, puede hablarse de la Constitución como ley de leyes o super ley, a la que todas las demás disposiciones jurídicas deben estar supeditadas y con la que deben guardar la necesaria armonía.

En cuanto reguladora de la organización fundamental del Estado, la Constitución fija las respectivas esferas de competencia y responsabilidad de las instituciones y órganos superiores de éste, atribuyendo funciones y distribuyendo poderes. Igualmente, la Constitución determina el puesto y significado de los individuos dentro del Estado, reconociendo y regulando los derechos y libertades fundamentales y su forma de protección incluso frente a los posibles excesos de los poderes públicos.

Conforme a lo anterior, en el contenido de toda Constitución puede distinguirse una parte dogmática, en la que, de forma explícita o implícita, se formulan los fines que se propone alcanzar el Estado y los valores supremos que se reconocen y una parte orgánica en la que se instrumentan los medios y procedimientos para el logro de aquellas metas.

La primera y más apremiante necesidad a que debe atender toda Constitución, que pretenda tener efectividad, es la de garantizar su propia existencia, su supervivencia frente a cualquier agresión. Efectivamente, es un hecho de la realidad que tanto el orden constitucional como su ámbito territorial o personal de aplicación pueden ser objeto de ataques de naturaleza, magnitud y procedencia muy diversas, que exigen la previsión de unos medios o mecanismos de defensa adecuados y proporcionados a tales riesgos.

Unas veces, estos ataques pueden provenir de desequilibrios del orden establecido, por extralimitaciones de los propios poderes legales, generalmente, excesos del Ejecutivo o del Legislativo, que pueden dar lugar a situaciones conflictivas cuya resolución se ha venido encomendando, en el constitucionalismo moderno, a órganos jurisdiccionales supremos (tribunales Supremos, tribunales Constitucionales o de Garantías Constitucionales);  tener su origen en conductas de los propios ciudadanos,  frente a las cuales el orden constitucional se defiende a través de múltiples medidas preventivas y represivas (tipificación de delitos contra la seguridad interior del Estado o contra la Constitución y las correspondientes actuaciones policiales y judiciales); en otras ocasiones, sin embargo,  la entidad de la agresión puede ser tan fuerte que haga ineficaces o inútiles estos remedios específicamente jurídicos,  como en los casos de agresiones armadas por parte de otro u otros Estados al territorio o a la población o a la capacidad de tomar las propias decisiones políticas o en los de agresiones internas que impidan el normal funcionamiento de los propios poderes públicos.

Cito a Pablo Casado Burbano, el cual establece que, para afrontar estas últimas eventualidades, “las Constituciones, en forma más o menos explícita, suelen tener previsto el recurso al uso de la fuerza y, en concreto, a la fuerza de las armas”.

Este recurso extremo debe ir revestido, al menos teóricamente, de las correspondientes garantías que le vienen dadas por la pertinente declaración política del Estado o situación excepcional (guerra, sitio, emergencia o catástrofe) y de su instrumentación efectiva, la que ya desde la Edad Moderna se viene encomendando a organizaciones permanentes de hombres y de medios, cuya razón de ser no es otra que la defensa con las armas de la comunidad; éstas son las Fuerzas Armadas.

Los textos constitucionales no suelen ser muy expresivos en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas. No obstante, es frecuente encontrar en las constituciones preceptos referentes a esta misión, a las competencias de los distintos órganos políticos en materia militar y a las limitaciones que los ciudadanos, militares o no, pueden sufrir en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales por razón de esa misma defensa armada.

Estimados lectores, estamos en una instancia muy delicada, solo me resta mencionar que una democracia moderna y vigorosa debe estar capacitada para defenderse eficazmente de la demagogia y de los poderosos adversarios que están a su acecho prestos a destruirlas. No se trata de que la democracia tenga un tutor o protector, sino de que se proteja a sí misma mediante adecuados instrumentos jurídicos que le dan vigor. La democracia para sobrevivir en el mundo de hoy, no sólo tiene el derecho, sino el deber de ejercer la autoridad dentro del marco de la Constitución y de la ley; porque sin autoridad no hay orden, no hay paz ni tranquilidad: hay anarquía y en ésta no pueden ejercerse los derechos y garantías que la Constitución consagra y peligra la seguridad individual y colectiva de los habitantes.

Finalmente, me permito citar lo que se mencionó en su oportunidad en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (CENC)… Chile ha conocido la experiencia de lo que es una democracia débil, lo que significa un gobierno que no ejerce la autoridad y permite los desmanes y el atropello a los derechos de las personas. Afirmar que una democracia es autoritaria no quiere decir que sea arbitraria, por el contrario, el ejercicio de la autoridad, dentro del marco de la constitución y de la ley, constituye una garantía para las personas de que podrán ejercer sus derechos en un ambiente de armonía y seguridad……

Evitemos que la historia se repita, o acaso no estamos presenciando la mezquindad de la clase política, parece que nada han aprendido en el Congreso, los parlamentarios siguen “agarrándose de las mechas”, mirándose al ombligo, sus prioridades están en sus intereses partidistas, sectoriales y particulares… y el interés de la ciudadanía y de la nación en su conjunto, ¿dónde está…? Con los antecedentes expuestos, donde se evidencia la seriedad e importancia de esta Carta Magna, cabe preguntarse si... ¿será el momento de cambiarla dada la animosidad tan visceral que existe en la sociedad, donde se evidencia la incapacidad y la falta de meritocracia en los actuales actores políticos y sociales?