Abril 2020

¿PELIGRO DE UNA INTERVENCIÓN MILITAR?

¿CUÁLES HAN SIDO SUS RAZONES EN LA HISTORIA DE CHILE?... ¿SE PODRÍA REPETIR?

Estimado lector, en estos momentos de pandemia, donde la soberbia de la clase política ha decantado, aunque no faltan los que siguen tratando de sacar ganancias partidistas, sectoriales y particulares como suelen hacerlo en tiempos de normalidad, invito a reflexionar de lo peligroso que era el escenario en el cual estábamos inmersos antes de la aparición del coronavirus, un escenario muy delicado y como tal la invitación es a recordar y para los más jóvenes a informarse de que todo acto impensado y visceral, trae serias consecuencias para el país, su gente y su historia.

En una obra titulada ”Quiebre y recuperación del orden institucional en Chile, el factor militar 1924-1973”, se analiza muy completa y documentadamente las dos grandes crisis históricas por las cuales ha atravesado nuestro país en el último siglo, los quiebres institucionales de 1924 y 1973, y se describen los procesos que en ambas situaciones culminaron con la intervención de las Fuerzas Armadas. Se examina, además, el rol decisivo que desempeñó el complejo orgánico militar en la superación de cada una de ellas. En cada oportunidad la intervención militar fue distinta, pues también diferentes fueron sus circunstancias.

Aun cuando para explicar las razones de las intervenciones militares en Chile bastaría remitirnos a esta obra, se estima necesario aportar otros antecedentes y puntos de vista acerca de las razones del pronunciamiento del 11 de septiembre de 1973, al respecto se expondrán brevemente otras visiones.

Es así como Genaro Arriagada, en un artículo publicado en 1991, expuso que la mayor responsabilidad del quiebre de nuestra democracia corresponde a las fuerzas políticas y a los políticos, no fue la ambición de los militares la causa del quiebre institucional de 1973. Este autor señala que, aparte de las fallas de la Unidad Popular, había otros factores de crisis que estaban presentes de antes de 1970 y que, con o sin gobierno de Allende, cuestionaban gravemente el sistema político, social y económico. Entre ellos, dice Arriagada, cabe mencionar cuatro: 1. La división del país en tres bandos políticos irreconciliables; 2. Las fallas del sistema constitucional de 1925; 3. La crisis de las relaciones cívico-militar; 4. El dilema de la movilización y participación popular.

Otra mirada que podemos destacar, fue la del ex presidente de la República Gabriel González Videla, por su parte señalaba ocho causas básicas del fracaso de Allende, a saber: 1. La llamada vía chilena al socialismo; 2. No ampliar la base de su Gobierno; 3. No supo o no pudo controlar a su propio partido; 4. Su entrega incondicional al Partido Comunista; 5. Su alejamiento de la clase media; 6. No contar con el concurso de la mujer chilena; 7. Subestimar el carácter legalista de los chilenos, es decir, los resquicios legales y 8. Una bancarrota bien planificada. González Videla concluye en una de sus memorias la siguiente frase, “Sólo las Fuerzas Armadas podían, con el filo de sus espadas, cortar este nudo gordiano fabricado por el propio Allende”.

Por su parte Jaime Guzmán, refiriéndose a las razones del pronunciamiento militar de 1973, dice: “A lo largo de casi tres años se denunció que el gobierno de la Unidad Popular estaba destruyendo las bases mismas de nuestra institucionalidad democrática. Sólo le faltó el último golpe para terminar de derribarla y establecer la dictadura marxista-leninista. El 11 de septiembre, Chile ya no tenía ni institucionalidad verdadera ni democracia auténtica y vivía una virtual anarquía política, económica y social. Y es una ley inevitable que a la anarquía sucede siempre una dictadura. La única duda era si ésta iba a ser marxista o militar. La culpa de esta disyuntiva, claro está, la tuvo el gobierno de Allende. Entonces ya no cabía defender una democracia que no existía, que había sido deliberada y sistemáticamente destruida”.

En relación con esta destrucción de la democracia, el historiador Gonzalo Vial Correa, señala que en la democracia chilena hay un enigma histórico. El enigma es el siguiente: ¿por qué, habiendo alcanzado el mecanismo de consulta popular tal grado de perfección, una consulta regular, amplia, libre e informada, desapareció en forma tan súbita, rápida, total y permanente? ¿por qué pasó esto? ¿cuáles son las causas de este enigma?

La respuesta que da Vial es que fallaron en Chile las condiciones necesarias para que la democracia pudiera subsistir, o sea, que llegamos a establecer un mecanismo de consulta muy perfecto, pero que, por desgracia, no estuvo rodeado de las condiciones necesarias para que pudiese subsistir. Este autor dice que hubo tres categorías de condiciones que no se dieron en Chile en todo el siglo XX y hasta 1973, impidiendo así la subsistencia de este mecanismo, éstas fueron las sociales, políticas y morales.

Las condiciones sociales que no se cumplieron fueron: en primer lugar, que un porcentaje demasiado alto de la población vivía en la miseria, y, en segundo término, que la educación, en el nivel más directamente relacionado con el ejercicio democrático, que es el básico, no alcanzó una calidad mínimamente satisfactoria.

En cuanto a las condiciones propiamente políticas de la democracia que no se dieron en Chile hasta 1973, Vial menciona las siguientes: la primera de ellas que falló fue el hecho de que no hubo regulación alguna, ni constitucional ni legal de los partidos políticos. La segunda fue la indefinición respecto de la presencia en nuestra democracia de tres entidades muy distintas, que no estaban en el reparto, porque, teóricamente, no participan en actividades políticas, pero que, sin embargo, actuaban decisivamente: la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y el partido comunista (que no debería participar por no ser democrático… Igual que en los actuales tiempos). La última condición que falló fue la falta de un consenso básico en materias políticas.

Hasta 1973, el único consenso aceptado por los partidos políticos, que eran los principales operadores de la política, era el de los mecanismos de la consulta democrática. Fuera de ese rayado formal de la cancha, no había otro. Todo podía ser cambiado por la mayoría expresada a través de esos mecanismos formales, todo lo demás estaba entregado al juego de las mayorías y de las minorías. Para llegar a este resultado confluyeron tres ideas-fuerza muy arraigadas en Chile desde el siglo XIX.

La primera es el positivismo jurídico. La ley es justa y obliga cuando está formalmente bien dictada, como lo establece el Código Civil (artículo 1° la ley, es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite). No importa su contenido, o sea, lo sustantivo de la ley no importa. Si las formalidades se han cumplido, nadie puede discutirla, el único límite sustantivo de la ley es la Constitución. Pero ésta puede ser reformada, y si las reformas cumplen los requisitos de tales, que también son formales, su contenido no puede ser discutido por nadie y debe ser cumplido por todos. Lo que importa en la ley o en la Constitución no es lo que dicen sustancialmente, sino que formalmente hayan sido bien dictadas.

Seguidamente, como idea-fuerza que colabora a esta misma concepción, tenemos al relativismo. No hay verdad, no hay bien ni mal definitivos e inmutables, todo cambia según la época y las circunstancias. Lo bueno de hoy puede ser malo mañana y viceversa. Esto confirma la idea de que lo único importante en la ley es su formalidad. Que la ley diga hoy una cosa y mañana sostenga otra completamente distinta, si formalmente el cambio ha estado bien hecho, no tiene nada de raro.

Finalmente tenemos el progresismo, que es muy consolador. En conjunto, se dice, la sociedad avanza siempre, entonces, hoy estamos mejor que ayer, pero estamos peor que mañana, porque hay progreso indefinido.

Desde los años 60, los gobiernos de todas las tendencias empezaron a jugar con las reformas constitucionales.  Mediante ellas se podía discriminar contra grupos sociales o intereses determinados, sin que éstos se pudieran defender, porque carecían de instancias a las cuales recurrir. Si les dictaban una ley, la atacaban por inconstitucional, pero si se reformaba la Constitución, estaban perdidos, no podían defenderse, se encontraban inermes. Como ejemplo de esto, se puede citar la reforma agraria de don Eduardo Frei en 1967, que permitió que los agricultores, sólo los agricultores y no los industriales, los dueños de propiedades o los comerciantes, pudiesen ser expropiados pagándoseles menos de lo que las cosas que se les expropiaban realmente valían. Pero los agricultores no podían reclamar porque la Carta Fundamental había sido reformada, una reforma injusta y discriminatoria, por cierto.

Era exactamente igual que si se hubiese aprobado una reforma constitucional, que también hubiera sido válida dentro del formalismo jurídico, redactada así: “fusílese a todos los colorines, considerándose como tales a los que efectivamente sean colorines y, además, a don Juan Pérez”. ¡Era exactamente lo mismo! ¡Es un chiste constitucional! ¡y este chiste constitucional fue aprobado por la unanimidad de los partidos! ...en estos tiempos también podría haberse aprobado una reforma en la constitución (dada la precariedad de varios de nuestros políticos en el actual Parlamento: “prohíbase en Chile el COVID-19”.

¿Qué está indicando esto? Indica hasta qué extremos llegó la idea de que la mayoría, con reformas constitucionales y legales, puede imponer cualquier cosa a las minorías. Naturalmente, esto no es así en la realidad, en la práctica y en la Historia. Cuando la minoría se siente herida o amenazada en derechos básicos, como la vida, el honor, la familia, la educación de los hijos o la religión, se defiende con la fuerza. Y si se recurre a la fuerza, quienes deciden no son ni la mayoría ni la minoría, sino los que verdaderamente tienen la fuerza.

Ese es el problema de consenso meramente formal. El rayado de la cancha, el consenso, no puede entonces ser sólo formal, el consenso de los mecanismos democráticos, sino que también debe ser sustantivo, un consenso sobre algunos aspectos de fondo de la vida social, que son intocables, cualquiera que sea la correlación mayoría-minoría.

Y esa condición de la democracia también falló en Chile en 1973. Cuando una minoría, conformada por los integrantes de la Unidad Popular, le dijo a la mayoría, a través de las formalidades de la ley, y aun de los resquicios de la ley: “señor, lo voy a hacer arar a usted; lo voy a herir en sus intereses y en sus heridas más íntimas y profundas”. Eso pretendió hacer una minoría. La mayoría contestó con la fuerza y nuevamente, en definitiva, no resolvieron el problema ni la mayoría ni la minoría, sino los que verdaderamente tienen la fuerza.

Faltaría analizar la que hemos denominado condición moral de la democracia. Esta es la necesaria ausencia del odio político. Si hay odio político, no hay democracia. Y este odio político es la verdadera raíz de la violencia política, la que no pretende vencer, sino que aniquilar físicamente a quien se le opone en el campo político. El adversario equivocado, pero posiblemente de buena fe, que merece ser convencido y, de todas maneras, respetado, pasa a ser el enemigo; la persona de mala fe a la cual la única cosa que hay que hacerle es exterminarla.

El odio político aparece en Chile desde los años 60 hacia adelante, con la polarización política. Antes existía, naturalmente, pero en dosis mínima. Después de los años 60 empezó a intensificarse juntamente con la polarización. La polarización obedece a varias causas, en primer lugar, los partidos de transacción de los años 50, los radicales y las colectividades de derecha, son desplazados por los partidos que sostienen las planificaciones globales, o sea, una concepción completa de la sociedad. La planificación global es intransable, inmodificable e impostergable en su todo y en cada una de sus partes, no admite acomodarse con lo que sostengan los demás, sólo imponerse íntegramente.

En los años 50 la vida política había sido una continua transacción entre el partido radical, apoyado por la izquierda, que tenía una postura de progreso, de avance social, y los partidos de derecha, que representaban los intereses heridos por ese progreso, y que iban retrocediendo, pero en forma lenta y paulatina. Era una política de transacción, pero en los años 60 aparecen los partidos que dicen: “Mire, aquí está mi puzle, ésta es mi planificación global. Este puzle está compuesto por una cantidad de piezas, y a mi usted no me saca ninguna, porque si lo hace, éste se me desarma. De modo que ésta es mi planificación global, mi concepción de la política, la economía, la educación, la cultura, etc., que forma un todo coherente y esta concepción global la impongo entera, y a usted no le doy ninguna oportunidad. Y si no está de acuerdo con ella, lo único que le corresponde es ser vencido y desplazado”.

Y ahí viene la polarización, y de ésta, el odio. Signo del odio político es el desborde de la prensa, siempre ha sido así en Chile. Cuando ella se encanalla, es síntoma de una sociedad enferma. El signo del odio político, es el signo de la polarización política. El signo del[H1]  odio es el desborde, el encanallamiento de la prensa, ¿tolerado por quién? Primero, por la autoridad, y segundo, por todos nosotros, porque llegamos a acostumbrarnos a vivir en ese ambiente de odio.

En resumen; la democracia, formalmente muy perfecta, se derrumbó en Chile en 1973, por ausencia de condiciones sociales, un exceso de miseria, una grave deficiencia de la educación básica. Por ausencia de condiciones políticas, partidos políticos sin ningún estatuto regulador, y personajes que actuaban en política sin definir su papel ni sus atribuciones: Fuerzas Armadas, Iglesia y el partido comunista. Y por ausencia de condiciones morales, el odio político, fruto de la polarización.

Complementando lo anterior, y refiriéndose específicamente a las intervenciones militares, Gonzalo Vial dice. “La gente cree que las Fuerzas Armadas aparecieron actuando en política sólo en 1973. Podría mencionarse una docena de intervenciones políticas de las Fuerzas Armadas desde el año 1891 hacia adelante. Las Fuerzas Armadas han intervenido en política durante todo el siglo XX. Todos los grandes hechos históricos del Chile del siglo XX que han conformado el Chile moderno tienen un ingrediente militar. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no son personajes oficiales de la política del mismo período.

Ahora bien, ¿por qué hay intervención militar en la política?, fundamentalmente por dos grandes razones:  La primera razón es de carácter profesional, es decir, los militares se han sentido postergados en lo económico, o en el aspecto técnico de su profesión. La segunda razón, cuando se producen graves conflictos políticos entre los civiles. Estas dos razones que inevitablemente, han desencadenado durante el siglo XX la intervención militar.

Cuando han intervenido por conflictos entre civiles y éstos se apresuran a resolver sus problemas, las FF.AA. vuelven a sus cuarteles. Sin embargo, si los civiles no se han arreglado entre ellos, las FF.AA. han asumido el poder; caso en que ello adquiere una dinámica propia, distinta de las causas por las cuales lo asumieron.

Es de interés citar al profesor Oscar Godoy. Según este autor, la crisis del régimen político en 1973, cuyo momento culminante es la caída del régimen del presidente Salvador Allende, sigue la línea marcada por la sucesión, es decir, la pérdida del consenso, vacío de poder político y ocupación de la autoridad gobernante por las Fuerzas Armadas, acontecida el 11 de septiembre de 1973. Cuando habla de consenso, Godoy se refiere al consenso básico, es decir, al acuerdo unánime o cuasi unánime acerca de las bases del sistema institucional que configuran a un régimen político; consensos básicos que son el producto de largos períodos de desarrollo político y cuyos elementos centrales y fundamentales son los esenciales constitucionales, que muchas veces ni siquiera se expresan en un texto escrito, sino que se albergan en la costumbre.

El régimen de Salvador Allende intentó hacer borrón y cuenta nueva y sustituir los esenciales constitucionales, largamente decantados en nuestra historia, por un nuevo régimen político, económico y social. La radicalidad del designio, del intento revolucionario, desencadenó una reacción de retorno a esos esenciales, para encontrar en ellos el curso de la continuidad política del país. Este intento de quiebre radical de los esenciales constitucionales sacó al proceso político de sus carriles tradicionales y asumió las características de toda revolución: “sus protagonistas empezaron a actuar movidos por ella, incluso más allá de sus voluntades personales, en un escenario de conflicto extremo; la sociedad civil entró en una fase de disolución o anarquía, la legitimidad del poder gobernante se diluyó rápidamente y se produjo un enorme vacío de poder. En 1973 el proceso de ruptura del consenso básico era ya tan profundo que los actores políticos, y los movimientos de masas que los seguían, se preparaban para un enfrentamiento fratricida. Era bastante claro que ninguno de los actores políticos formales, los partidos, movimientos y grupos, tenía el suficiente poder para colmar ese vacío y darle gobernación al país. La dramática situación que vivía el país a mediados de 1973 indujo a las Fuerzas Amadas a actuar de facto para llenar el vacío de poder existente” …hay que tomar en cuenta, como hechos extraordinariamente relevantes, que la Cámara de Diputados y la Corte Suprema establecieron que el gobierno de la época había incurrido en grave ilegalidad e ilegitimidad en el ejercicio de sus poderes. O sea, se daban al menos dos condiciones que los teóricos más razonables, que justifican la insurrección contra la autoridad constituida, consideran sustantivas: que la sociedad civil esté en peligro grave e inminente de disolución y que el hecho esencial de la ilegitimidad sea denunciado por quien ostenta autoridad pública…y la denuncia no provenga solamente de iniciativas privadas.

En relación a esto, el historiador Mario Góngora expresó: “La perspectiva general de esos años, sobre todo la del último, 1972-1973, es la de una guerra civil todavía no armada, pero catastrófica, análoga a los últimos meses de la República Española, antes de julio de 1936”.

Finalmente me permitiré citar al historiador Gonzalo Vial, quien ha expresado: “la Historia no les enseña nada a los historiadores. Estos, justamente, deben preocuparse de que no les enseñe nada, porque si creyeran que les está enseñando algo, pueden, involuntariamente, deformar la Historia. Pero sí, la Historia enseña a todos los demás, a los sociólogos, a los politólogos, a los economistas, a los políticos y a los hombres y mujeres comunes. Es decir, de todo esto hay que sacar las conclusiones presentes. Yo me limitaré a dos citas, una del filósofo Santayana, que dice “los pueblos que ignoran su Historia, están condenados a repetirlas, y la otra de un poema de Eliot: “la Historia puede ser servidumbre, y la Historia puede ser liberación”.


 [H1]