Julio 2020

LEGITIMIDAD DE LA FUERZA

La paz social como ya se ha expuesto en otros artículos, sólo se puede alcanzar mediante la imposición del orden; lo que ordinariamente lleva consigo la necesidad de aplicar violencia, para impedir la acción de quienes subvierten ese orden. Bastaría lo anterior para justificar la legitimidad del empleo de la violencia o de la fuerza, que, para el caso de la materia del análisis, vendría a ser lo mismo. No obstante, se tratará de ampliar un poco más estos conceptos; especialmente en lo que dice relación con la significación moral de la violencia. Con este último propósito, utilizaremos algunos de los argumentos expuestos por Juan Antonio Widow en su libro “El hombre, animal político”.

Se ha visto, dice el profesor Widow, que la coacción anula la libertad en el hombre, siendo condición para la existencia de ésta la carencia de aquélla. Esto suele ser motivo de que se condene global y absolutamente toda violencia ejercida por hombres sobre otros hombres: en lo cual hay supuesta una valoración de la libertad como bien superior humano y, consiguientemente, una confusión acerca de la significación moral de la violencia.

La naturaleza de la violencia cambia según cuál sea su objeto,  -lo que la sufre-, su sujeto -el que la ejerce-, el fin para el cual se ejerce y ciertas circunstancias que pueden ser determinantes. Considerando estos elementos, la violencia puede ser justa o injusta. El hecho violento, considerado en cuanto tal, es moralmente neutro; lo cual significa que no puede ser juzgado sin tener en cuenta lo que especifica su índole moral: el objeto, el sujeto, el fin y las circunstancias.

¿En qué condiciones es justa la violencia?

La primera condición es que quien la aplique tenga autoridad.

En segundo lugar, ha de ser proporcionada al fin para el cual se aplica: si es adecuada para lograr mediante ella la restitución del orden exigido por el bien común. Esta violencia puede tener como objeto corregir, reprimir o castigar.

Por último, como tercera condición, la aplicación de las medidas coactivas debe estar determinada por un juicio de quien tiene la autoridad para aplicarlas, con el fin de establecer con certeza y objetividad la justicia de ellas en la situación y circunstancias singulares que configuran concretamente el caso.

De lo expuesto se puede inferir la completa improcedencia y la carencia de base moral de que adolecen las condenas universales de la violencia. Estas condenas tienen como supuesto ideológico el postulado según el cual es la libertad el máximo valor del hombre y el principio de toda moralidad: si la persona, en efecto, gozara de un derecho absoluto a disponer de sí misma y de lo suyo, la violencia que se ejerza sobre ella resultará siempre ilegítima. Este principio ideológico subjetiviza totalmente la noción de justicia, hasta el extremo de borrarla.

En forma directamente relacionada con el tema de la libertad del hombre y con las condenas de la violencia, vemos que se plantea el de los llamados derechos humanos, término acerca del cual es necesario precisar su sentido y verdadero alcance.

Derecho es lo justo, lo debido a cada cual. Por derivación, se llama también derecho a la facultad que cada cual tenga para reclamar algo como suyo, en razón de justicia. Esta facultad no es absoluta, sino determinada por la relación que el sujeto tenga con lo objetivamente justo: es decir que existe tal facultad sólo en la medida en que otros deban algo, como suyo, a ese sujeto. Por esto, aún ciertos bienes básicos, como la conservación de la vida, no son derechos absolutos, lo cual significa que pueden no constituir derecho: en efecto, el derecho a la propia vida, que en principio existe en todo hombre, supone que el individuo no haya cometido un delito punible en justicia con la muerte, como sería, por ejemplo, un asesinato o la traición a la patria. Es decir, que, gozando todo hombre de ciertos derechos básicos, no implica esto que tales derechos los tenga absoluta e incondicionalmente. Aunque básicos, dependen de su corroboración o de su anulación por la conducta concreta de la persona.

No existen, por consiguiente, los derechos humanos en el sentido en que ahora se les proclama, y que deriva de la concepción ideológica según la cual es el sujeto humano, autónomo e independiente, el fundamento de la verdadera sociedad; sin considerar el orden natural y el bien común, es decir, el bien de la misma sociedad a la cual se impone dicho orden.

La defensa de los derechos humanos es usada en forma dialéctica para desarmar sicológica y moralmente a quienes, por deber de autoridad, están obligados en justicia a emplear la violencia para reprimir a quienes subvierten el orden natural, único fundamento válido para una verdadera concordia social.

Resumiendo lo dicho, tenemos que la aplicación de la violencia física no sólo es legítima, cuando es aplicada por la autoridad legítima, sino que es justa, cuando es adecuada para lograr mediante ella la restitución del orden exigido por el bien común. La eficacia de la fuerza radica en la mera amenaza o en la directa aplicación de la violencia, la que puede tener como objeto corregir, reprimir o castigar, la violencia física ha de ser proporcional al fin para el cual se aplica y debe estar ordenada a la consecución de un bien moral.

Desde otro punto de vista, el hombre como algo consustancial a su propia naturaleza, es razón y pasión. Lo normal es que en un conflicto entre la razón y la pasión venza la pasión, siendo la fuerza lo único que puede obligar a la pasión a ceder ante la razón. Esta realidad, sumada a las bajas pasiones del hombre, exige que, para imponer el orden recto, los Estados necesiten poseer Fuerzas Armadas y también Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, impidiendo la acción de quienes pretenden subvertir ese orden. Estas fuerzas deben estar al servicio del Derecho, el Derecho debe estar al servicio de la política, aquella noble actividad dirigida al logro del bien común (otra cosa es la clase de políticos que se tenga) y la política debe estar subordinada a la moral

En realidad, la paz no puede lograrse sino mediante algún empleo de la fuerza. Necesita apoyarse sobre una normal medida del poder. Pero la función propia de esta fuerza, si ha de ser moralmente recta, debe servir para protección y defensa, no para disminución u opresión del derecho.

Esto quiere decir que no hay fuerza militar o de seguridad auténtica sin orden jurídico; pero también quiere decir que una fuerza, encuadrada en un orden moral y jurídico, no es sólo un instrumento legítimo para enfrentar un conflicto. Si es verdad que las Fuerzas Armadas o de Seguridad Pública se preparan, técnica y profesionalmente, con miras a la posible necesidad de intervenir en un conflicto de cualquier índole, también lo es que sus servicios no se agotan en la disponibilidad de un posible enfrentamiento. Estas instituciones, bien concebidas, tienen una función actual y continua, que cumplen antes del conflicto y que no se frustra, sino todo lo contrario, aunque el conflicto no llegase a producirse nunca. En resumen, estas instituciones son también artífice de la paz. El Concilio Vaticano II contiene unas palabras bien expresivas, redactadas frente a la hostilidad propagandística de grupos interesados en impedirlas. “Los que, al servicio de la patria, se hallan en el Ejército (para nuestro caso las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad), considérense instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, pues desempeñando bien esta función, contribuyen realmente a estabilizar la paz”.

En relación con la eficacia del poder de la fuerza, José Ortega y Gasset, establecía que, en cuanto a la fuerza, no es difícil determinar su misión …Por muy profunda que sea la necesidad histórica de la unión entre los pueblos, se oponen a ella intereses particulares, caprichos, vilezas, pasiones y, más que todo esto, prejuicios colectivos instalados en la superficie del alma popular que va aparecer como sometida. Vano fuera el intento de vencer tales rémoras con la persuasión que emana de los razonamientos. Contra ellas sólo es eficaz el poder de la fuerza, la gran cirugía histórica…

Así también, citando al profesor Manuel Rivacoba, la violencia no es sino el ejercicio y aplicación de la fuerza física sobre los demás para apartar o destruir lo que representa o reputamos un peligro para nuestra subsistencia o desarrollo, entendidos una y otro en su más amplio sentido… Se trata, pues, de una modalidad de obrar puesta al servicio del instinto de conservación… Por ende, pretender que el ser humano prescinda de la violencia, aparte de constituir un imposible, le incapacitaría para tender hacia fines y obrar conforme a valores.

De ahí, en definitiva, la vacuidad de frases ya acuñadas y de curso común que denotan la moda, condenando rotundamente la violencia venga de donde venga; vacuidad, en la mayoría, irreflexiva, y en no pocos interesada.

Lo irreflexivo o hipócrita de tal condena se pone de manifiesto en algo muy básico, con sólo preguntarse cuál sería la reacción de quienes la profieren, si en su presencia osara alguien atentar contra su honor, o propasarse con su mujer o abusar de un niño; en lo inmediato, ¿sería ir muy urbanos a denunciarlos ante la policía o a querellarse en el juzgado, o propinarían una viril bofetada al ofensor?