Julio 2021

El Estado, lo Económico y lo Social

Para el análisis de este tema, es relevante ver al Estado desde el punto de vista ético y social, para ello es válido reflexionar sobre una cita célebre contenida, en su oportunidad, en un discurso del Presidente Kennedy, el cual dijo “Pregúntate no qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”. De acuerdo a Milton Friedman, ninguna de las dos partes de esta frase expresa una relación entre el ciudadano y su gobierno, digno de los ideales del hombre libre en una sociedad libre. La frase paternalista “qué puede hacer tu país por ti”, implica un gobierno tutor y un ciudadano pupilo, concepto contrario a la creencia del hombre libre como ser responsable y dueño de su propio destino. La frase “qué puedes hacer tú por tu país” implica que el Estado es dueño y señor y el ciudadano criado fiel o sujeto.

Para el hombre libre, el país se compone de individuos que están orgullosos de una herencia común, fieles a tradiciones comunes, pero considera al gobierno como un medio o un instrumento, no como uno que concede favores y regalos ni dueño o Dios al que haya que alabar y servir. No reconoce, en consecuencia, ninguna meta nacional, excepto aquella que reúna el consenso y contribuya al bien común de las personas que lo componen. Por lo tanto, el hombre libre no se va a preguntar qué puede hacer su país por él, ni qué puede hacer él por su país, lo que si debe preguntarse es qué podemos hacer juntos mis compatriotas y yo, por medio del gobierno, para ayudarnos a cumplir nuestras obligaciones individuales, conseguir nuestras diversas metas y propósitos, proteger nuestra libertad y fortalecer nuestro proyecto de vida.

Lo anterior refleja en cierta forma el pensamiento liberal, en el genuino sentido de la palabra, en relación al papel del Estado, existiendo dos principios fundamentales: el primero es que la esfera del Estado debe ser limitada y de ahí se deriva el principio de subsidiariedad, y el segundo, es que el poder del Estado debe estar disperso.

La dificultad de evitar las órdenes del Estado central es lo que los proponentes de la centralización consideran su atractivo principal. Creen que esto les permitirá, con más eficacia, dictar programas que en su opinión son de interés público, ya sea transferencia de ingresos de ricos a pobres o de fines privados a fines estatales. Tienen razón, pero es como una moneda de dos caras, el poder para hacer el bien es también el poder para hacer el mal, y lo que un hombre considera como el bien otro lo puede considerar como un mal.

De aquí surge un gran desafío de carácter normativo que debe enfrentar toda sociedad. ¿Cuál es el correcto papel del Estado? ¿Puede el temor a un Estado que haga el mal, llevarnos a mutilarlo de forma tal de impedir la posibilidad de que éste haga el bien, es decir, persiga y maximice el bien común? ¿Cómo puede una sociedad libre definir y cuantificar lo que es el bien común? El premio Nobel de Economía Kenneth Arrow, planteó el famoso Teorema de la Imposibilidad. De acuerdo a este teorema, una sociedad libre que quiera respetar ciertos principios democráticos básicos, no tiene forma alguna o no tiene mecanismo alguno de definir en forma científica lo que es el bien común. En consecuencia, la definición y persecución del bien común es una tarea normativa, a la cual no puede escapar ningún gobierno que actúe de buena voluntad, pero que necesariamente trae aparejados juicios de valor.

Esta tarea del Estado y esta persecución del bien común deben compatibilizar dos conceptos esenciales. En primer lugar, la Libertad. Todos los hombres, conforme a su dignidad como personas, dotadas de razón y voluntad, tienen derecho al libre albedrío, a la iniciativa privada, la cual no es sólo un principio básico de economía, sino que es un principio básico de ética social derivado del respeto a la dignidad humana y del concepto del hombre dueño de su propio destino, lo cual requiere que su proyecto de vida dependa principalmente de sus propias decisiones y de su íntima conciencia y no de la acción coercitiva del Estado. El otro principio tan importante como el anterior, es el de la búsqueda de la justicia y la equidad, es ese mismo respeto por la dignidad humana que obliga al Estado amante del bien común a procurar que todos los hombres tengan acceso a un standard de vida mínimo, compatible con su dignidad de hijos de Dios, que les permita efectivamente ser dueños de su propio destino y ejercer sus potencialidades de forma de acrecentar su dignidad y afianzar su proceso de personalización. El papel del Estado, en consecuencia, consiste en buscar la forma más eficiente de compatibilizar estos dos conceptos de libertad y justica. Esto es el verdadero objetivo y la esencia del contrato social del que nos habla el filósofo francés Rousseau.

La Encíclica Mater et Magistra establece que “Los sistemas de seguridad social pueden contribuir eficazmente a una redistribución de la renta total de la comunidad política según criterios de justicia y de equidad y pueden por tanto considerarse el principal instrumento para reducir los desequilibrios en el tenor de vida entre las varias categorías de ciudadanos”, es decir, es natural que la acción de redistribución del Estado requiere inevitablemente, dada la naturaleza egoísta del hombre, de una acción coercitiva, y, en consecuencia, una condena tan tajante de un sistema de esta naturaleza, no compadeciéndose necesariamente con el doble principio de libertad y justicia.

La mejor forma conocida de compatibilizar la libertad, la justicia y la eficiencia, es a través de una economía social de mercado, en que el Estado asuma un papel activo y subsidiario. El significado de subsidiaridad no es que el Estado haga pocas cosas o haga cosas poco importantes, muy por el contrario, significa que el Estado haga precisamente aquellas cosas en las cuales es insustituible y que coinciden con ser las más importantes tareas que el Estado puede cumplir en una sociedad económica libre. En forma resumida, se puede decir que estas se traducen en un papel de normador, el Estado debe normar, debe fijar las reglas del juego. Un papel de conductor y particularmente conductor en materias de políticas económicas y sociales, y en el campo económico, principalmente a lo que es la conducción de la política macroeconómica. Un papel de regulador y corrector, regular el cumplimiento de las leyes y de los contratos, y regular también, corrigiendo los casos en que el sistema de mercado no funciona en forma eficiente. Un papel de redistribuidor, íntimamente relacionado con este objetivo de justicia, que debe orientar la acción del bien común. Un papel de productor, que es donde más sustituible es por el sector privado y por tanto aquí se debe aplicar en forma bastante estricta el principio de subsidiaridad. Sin embargo, en todos los papeles anteriores es solamente el Estado la institución capaz de cumplir estos papeles en forma eficiente.

Existe otro papel relevante, que es el de procurar el pleno empleo. En términos de eficiencia económica, tener recursos humanos desempleados, no sólo por los costos humanos y sicológicos para el desempleado y su núcleo familiar, no sólo por los costos sociales de desempleo para la sociedad en términos de variables como alcoholismo, delincuencia, etc., sino que por el sentido trascendente que tiene el trabajo humano ante los ojos de Dios. Este sentido trascendente está muy claro en la doctrina humanista cristiana.

Al finalizar este pequeño análisis respecto al papel del Estado, se viene a la mente la frase aparentemente contradictoria del pensador francés Jean-Baptiste Henri Lacordaire “…La libertad oprime, sólo la ley libera”, lo cual quiere decir que la libertad es genuinamente libertad sólo cuando existen condiciones de igualdad al momento de iniciarse el ejercicio de las libertades privadas y sociales. Cuando esta igualdad no existe, sólo la ley libera y de ahí la obligación del Estado de conjugar en su búsqueda del bien común el objetivo de la libertad con el objetivo de la justicia. Sin duda que esto significa una tarea normativa, y requiere efectuar juicios de valor, pero el miedo a atentar contra la libertad no debe nunca llevar a sacrificar el segundo objetivo de la acción del Estado, que es la persecución de la justicia y la equidad.