Agosto 2021

LEGITIMIDAD DE LAS INTERVENCIONES MILITARES

(Análisis en relación al Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas)

 

Con el final de la guerra fría, tras el éxito de las operaciones en el Golfo y la disminución del riesgo de holocausto nuclear, las relaciones internacionales adquirieron un carácter muy complejo. La multitud de conflictos de todo tipo han multiplicado las peticiones de intervención por parte de diferentes países, ONG y/o grupos de presión. La importancia concedida a las intervenciones de tipo humanitario, junto con otros aspectos, han producido un redescubrimiento del derecho internacional bélico, que incluso ha cambiado su nombre por el de derecho internacional humanitario. Pero en los nuevos tiempos hay opiniones que se plantean la validez del régimen jurídico actual. Por una parte, el peso alcanzado por los países surgidos tras la descolonización ha aumentado el grado de desacuerdo, al considerar la actual normativa como demasiado influida por el pensamiento occidental. Por otra, la toma de conciencia por parte de la opinión pública, así como la aparición de multitud de ONG, han transformado lo que antes conocíamos como derecho de guerra en el actual derecho internacional humanitario que, al ser percibido con este último carácter, ha perdido en buena parte otras características y finalmente, el redescubrimiento de la utilidad del empleo de fuerzas militares en multitud de misiones. El empleo de fuerzas en las denominadas operaciones no bélicas requiere un amparo jurídico; es, en esta instancia, quizás, más necesario que en el caso de operaciones bélicas y para algunos críticos es necesaria una reforma en este aspecto.

En el marco jurídico, estas normas tradicionales definen en qué circunstancias puede un Estado recurrir legítimamente a una guerra y la forma en que la guerra debe conducirse. Es permisible si está ordenada por una autoridad competente, se han intentado todos los medios posibles para evitarla, existe una causa justa y el daño está en proporción con el bien a obtener.

Entre las normas contemporáneas, el uso de la fuerza armada queda amparado por el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. El artículo 39 establece que el Consejo de Seguridad determinará la existencia de amenazas a la paz y seguridad, y decidirá qué medidas deben tomarse para cada caso. El uso de medios militares para mantener o restablecer la paz y la seguridad está comprendido en el artículo 42. El derecho de autodefensa queda garantizado por el artículo 51.

En el Principio de Autodefensa hay un amplio acuerdo en conceder a las naciones el derecho a la autodefensa, cuando su territorio o sus fuerzas armadas e incluso en algunos casos las de algún país aliado son atacadas. Pero, en este aspecto y aun siendo el más claro, los expertos mantienen muchos puntos de discusión. En primer lugar, hay discrepancias sobre la legitimidad de ejercer el derecho de autodefensa anticipándose a un ataque armado. El derecho internacional anterior a la promulgación de la Carta, autorizaba el derecho de autodefensa cuando la amenaza era inmediata, abrumadora y no dejaba otra alternativa. Con la Carta en la mano, es al menos dudoso que una nación no pueda esgrimir el articulo 51 para defenderse de una agresión que está en marcha.

Sin embargo, y atendiendo a consideraciones estratégicas, durante el período de guerra fría y teniendo en cuenta la potencialidad nuclear, era demasiado peligroso decir que el mero despliegue de armas justificaba el uso preventivo de la fuerza. En las condiciones actuales, la acción preventiva puede considerarse legítima desde un punto de vista jurídico y moral, pero siempre deben tenerse en cuenta los aspectos estratégicos por las repercusiones que pudieran derivarse del ejercicio de la autodefensa. Un segundo punto de discusión está en el derecho de autodefensa para hacer frente a agresiones indirectas. En el caso de conflictos de baja intensidad, la acción militar sobre grupos subversivos situados más allá de las fronteras del Estado agredido, es muy discutible desde un punto de vista legal.

Finalmente, el tercer punto de debate es el del ejercicio de la autodefensa para proteger a los nacionales o a los bienes de un Estado en el exterior. En todo caso, el problema parece centrarse no tanto en la acción militar en sí, sino en la autoridad que respalda la intervención y el amparo jurídico que, en consecuencia, se ofrece a la misma.

En los tres casos planteados y en las circunstancias actuales que ponen en duda el principio de inviolabilidad de las fronteras y el respeto a los principios de soberanía y no injerencia, a la hora de plantear la intervención militar no se pueden esgrimir razones exclusivamente legales. Es preciso, además de tener en cuenta estos criterios, compaginar esas razones con un riguroso análisis estratégico caso a caso, por los peligros que podrían derivarse de la aceptación generalizada del libre ejercicio del derecho de autodefensa por parte de los Estados de manera individual.

Ahora tenemos la intervención militar en otros tipos de conflictos, en este sentido la Carta de Naciones Unidas y el derecho bélico tradicional regulan tanto las condiciones, en el sentido de causas, en las que la intervención exterior en los asuntos internos de los Estados puede quedar autorizada, como los medios a emplear. En este sentido encontramos dos grupos: a) Amenazas para la paz y seguridad internacionales b) Intervenciones de carácter humanitario.

La aplicación de las normas jurídicas, junto con otras consideraciones de tipo moral, político estratégico, incluyendo por supuesto las militares, deben dar respuesta a cuatro preguntas antes de decidir la intervención militar: Cuándo, Quién, Para Qué y Cómo. La respuesta al Cuándo intervenir, no debe entenderse sólo en el sentido de en qué casos sino también en qué momento. Con respecto al Quién, el respaldo ha de ser el más amplio posible y generalmente deberá buscarse el de la ONU o cualquier organización regional con responsabilidades sobre la seguridad en la zona afectada. El ejercicio de la intervención individual de los Estados tiene que ser restringido al máximo para no dar amparo a acciones expansionistas. Finalmente, el Cómo determinará los medios que estarán, en función de la finalidad perseguida, o si se prefiere, del objetivo político que se establezca, del Para Qué.

En lo relacionado a las Amenazas para la Paz y Seguridad Internacionales, la Carta nos habla de este tipo de amenazas repetidamente, pero el derecho a la intervención militar en estos casos queda amparado fundamentalmente por los artículos 2.3, 2.6, 39, 41 y 42. Las consideraciones de tipo político y estratégico sobre qué clase de amenazas afectan a la paz y seguridad mundiales son muy subjetivas y pueden ser totalmente contrapuestas, dependiendo de quién haga la interpretación. El consenso en el seno del Consejo de Seguridad, órgano responsable de determinar las causas de amenaza, puede resultar en ocasiones muy difícil de alcanzar. Por tanto, el concepto de amenaza internacional es muy abierto y será imprescindible un detallado análisis, caso a caso, para determinar el tipo de acciones a emprender.

En materia de Intervenciones de Carácter Humanitario, a pesar del principio de no injerencia en asuntos internos establecido por el artículo 2.7 de la Carta, las experiencias más recientes dejan claro que la ONU puede debatir y autorizar intervenciones en casos de violación de derechos humanos por parte de uno de los Estados miembros, al amparo del artículo 55. Aunque actualmente tanto la Carta como el conjunto de normas jurídicas internacionales colocan la soberanía nacional por encima de los derechos individuales, la realidad es que se han autorizado sanciones en el caso de violaciones graves. En algunas de las autorizaciones de empleo de la fuerza promulgadas desde 1991 en adelante, por ejemplo, Irak, Somalia, Ruanda y Haití, el Consejo de Seguridad parece haber iniciado una nueva doctrina sobre intervención militar en un Estado con y sin la aprobación de sus autoridades, con el propósito de impedir la extensión del sufrimiento entre sus habitantes.

Pero como ya se ha planteado, y pensando más concretamente en intervenciones en favor del respeto a los derechos de minorías étnicas, debemos distinguir entre la intervención por parte de Naciones Unidas u otras organizaciones regionales, y las acciones a cargo de miembros aislados de la comunidad internacional, siguiendo criterios subjetivos e interesados. Por otra parte y como el caso yugoslavo demuestra, hay que madurar mucho la autorización del empleo de fuerzas militares en conflictos humanitarios, cuando los afectados por el conflicto rechazan o son reticentes a la supuesta ayuda.

La realidad es que el derecho a la intervención no se ha reconocido en ausencia de resoluciones del Consejo de Seguridad, pero es más fácil que éstas se produzcan ahora al existir una mayor sensibilización que en el pasado. Las presiones sobre los dirigentes políticos pueden desencadenar intervenciones no deseadas. Lo que parece claro es que no es suficiente discutir este problema desde un punto de vista estrictamente humanitario. Con frecuencia el problema se percibe como un asunto a tratar por organizaciones de caridad y no como un problema de seguridad con raíces políticas.

Desde un punto de vista jurídico y estratégico, los dirigentes mundiales deberían partir de la base de que la no injerencia y el respeto a la soberanía nacional sigue siendo un principio fundamental del derecho internacional, “una interpretación alternativa resulta una invitación a la anarquía y al caos” (Discurso del Embajador norteamericano Thomas Pickering ante el Consejo de RR.II.). Sin embargo, no se pretende postular desde estas líneas una aplicación total de la no injerencia. Es necesario buscar un punto de equilibrio entre el respeto a la soberanía nacional y la garantía de los derechos humanos. Una vez más, las soluciones generalizadas no parecen las más convenientes y sólo un detenido análisis de cada caso, nos indicará los medios que debemos emplear.

A modo de conclusión, el derecho de guerra tradicional y la Carta de Naciones Unidas proporcionan una guía muy útil para resolver la cuestión de la legitimidad de las intervenciones militares. Las normas que constituyen derechos en la guerra “ius in bello” siguen siendo válidas. La crisis del Golfo demostró que para ganar una guerra, no es preciso violar las reglas del juego. Con respecto al derecho a la guerra “ius ad bellum”, en principio, debemos estar en contra de la acción por medio de la fuerza. Sin embargo, en ocasiones puede ser permisible y necesaria desde los puntos de vista político, estratégico, jurídico y ético. Pero las últimas palabras en la decisión de intervención, no deben formularse teniendo en cuenta consideraciones exclusivamente jurídicas o humanitarias. Un detallado análisis estratégico nos indicará para cada caso, cuándo y cómo recurrir al empleo de la fuerza armada que siempre debe ser el último argumento “ultima ratio regis”.